Un fallo inesperado que agita el tablero político
El 3 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) de Chile tomó una de sus decisiones más controvertidas al destituir a la senadora Isabel Allende Bussi en una votación de 8 a 2. Esta resolución no solo removió a la hija menor de Salvador Allende, uno de los rostros más emblemáticos del socialismo chileno, sino que también desencadenó una tormenta política de dimensiones históricas. Nadie había visto antes cómo el máximo órgano judicial ponía fin al mandato de un legislador electo por el pueblo bajo el argumento de infringir la Carta Magna.
El detonante fue la negociación entre Allende y el gobierno de Gabriel Boric para vender la icónica casa de su padre, situada en Providencia. El plan era convertir la vivienda en un museo que recordara al ex presidente derrocado en 1973. Sin embargo, el TC interpretó este acuerdo como una violación del Artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a parlamentarios celebrar contratos con entidades estatales mientras dure su mandato.
El proceso fue impulsado en enero por diputados del Partido Republicano y Chile Vamos, quienes acusaron a Allende de ignorar los límites éticos y legales. La polémica escaló rápidamente y dividió al país: para algunos, se trató de proteger la legalidad, mientras que para otros, fue un ataque directo contra la democracia representativa y la memoria histórica de Chile.
Choques internos y efectos en la coalición de gobierno
La reacción del Partido Socialista fue fulminante. Acusaron al tribunal de extralimitarse y de doblegarse ante presiones políticas de las fuerzas conservadoras. La crítica se agudizó porque dos de las ocho juezas que votaron a favor de la destitución, Nancy Yáñez y Daniela Marzi, tenían afinidad con el Frente Amplio. El malestar se propagó por la coalición oficialista, sembrando dudas sobre la unidad y la coherencia frente a decisiones de alto impacto institucional.
Sumándose al clima tenso, Maya Fernández Allende, nieta de Salvador e hija de la senadora saliente, ya había presentado su renuncia como ministra de Defensa en marzo, generando aún mayor desconcierto en el entorno del gobierno y exacerbando las divisiones internas entre las distintas fuerzas progresistas.
Amplios sectores políticos ven esta remoción como un caso emblemático de judicialización de la política. Quienes la respaldan dicen que el TC simplemente hizo cumplir la Constitución, pese a lo que representaba Allende en la historia nacional. Para sus críticos, en cambio, el episodio marca una peligrosa tendencia al uso del derecho constitucional como arma política, debilitando el principio de soberanía popular y ensanchando las grietas de la democracia chilena.
Esta decisión ha dejado heridas abiertas, relanzado el debate sobre el papel de los tribunales en la vida política y obligado a la izquierda a repensar su estrategia en un escenario de incertidumbre. La destitución de Isabel Allende, más allá del caso puntual, arrastra preguntas de fondo sobre el futuro del socialismo chileno y el equilibrio de poderes en la República.
