Un panorama alarmante
En la entrevista que dio ayer a Radio ADN, la Dra. Francisca Crispi, que dirige el Colegio Médico de Santiago, describió una situación que supera la mera molestia cotidiana. Según los datos oficiales, en 2024 se contabilizaron más de violencia contra salud a nivel nacional, con 10.000 agresiones a trabajadores sanitarios. De esas, 4.387 se produjeron en la Región Metropolitana, lo que supone casi la mitad del total.
El número de ataques diarios supera los 28 y la tendencia no parece detenerse. La mayoría de las víctimas son mujeres que ejercen su labor en hospitales, centros de atención primaria y consultorios privados. Si bien los insultos y gritos siguen siendo la forma más frecuente de violencia, ya no se trata solo de palabras. Las denuncias incluyen amenazas de muerte, robos, agresiones físicas con objetos contundentes e incluso puñaladas.
Casos que ponen en riesgo la atención médica
Para entender la magnitud del problema, Crispi recordó varios episodios que dejaron a la comunidad médica sin palabras. En el Hospital El Pino, los especialistas de gastroenterología abandonaron sus puestos tras sufrir asaltos reiterados en la zona que rodea al centro. La salida de todo el equipo dejó al hospital sin un servicio esencial, obligando a los pacientes a desplazarse a otras instituciones más lejanas.
Otro caso ocurrió en San Miguel, donde una doctora sufrió una fractura en la nariz tras ser atacada por un grupo de manifestantes que se quejaban de la atención recibida. En Puente Alto, un trabajador de enfermería recibió una puñalada que requirió intervención quirúrgica y varios días de reposo. Estos incidentes no son aislados; forman parte de una cadena que se está normalizando y que afecta directamente la capacidad del sistema de salud para ofrecer atención de calidad.
La Dra. Crispi señaló también que la violencia impacta la salud mental del personal. Muchos profesionales describen miedo constante al desplazarse a sus turnos, lo que se traduce en ausencias, rotación excesiva y, en última instancia, en una menor disponibilidad de especialistas en zonas vulnerables.
Ante este escenario, los comités de seguridad que ya existen en varios establecimientos de salud han intentado buscar soluciones conjuntas. Estos grupos reúnen a autoridades municipales, policías, fiscales, representantes de la sociedad civil y a los propios equipos clínicos. Aunque se han registrado avances, como la instalación de algunas cámaras de vigilancia, la directora del colegio médico insiste en que la medida es insuficiente.
Según Crispi, “no podemos seguir gastando recursos escasos del sector salud en seguridad física cuando esos fondos deberían destinarse a la propia atención médica”. Propone, en cambio, la creación de una política integral de seguridad sanitaria, con lineamientos claros y un presupuesto exclusivo. Esto permitiría, por ejemplo, dotar a los hospitales de equipos de seguridad profesional, mejorar la capacitación del personal en manejo de conflictos y establecer protocolos de respuesta rápida ante cualquier agresión.
El llamado es claro: proteger a los sanitarios no es solo una cuestión laboral, sino una garantía del derecho a la salud de la población. Si el personal que brinda atención está vulnerado, el servicio se deteriora y los pacientes pagan el precio con demoras y menos opciones de tratamiento.
La entrevista concluyó con un pedido a los legisladores y a los gestores de los sistemas de salud para que prioricen este tema en la agenda pública. La Dra. Crispi dejó la puerta abierta a seguir dialogando con los diferentes actores, pero subrayó que la inacción ya no es una opción. Cada día sin una política robusta es un día más en que los profesionales de la salud siguen arriesgando su integridad mientras cuidan a los demás.
